La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, reconoce en su artículo 14, apartado g, el derecho de los empleados públicos “A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral”.
Se trata, en primera instancia, de un derecho individual del personal al servicio de las Administraciones Públicas que garantiza la adaptación continuada de sus cualificaciones a los permanentemente cambiantes requerimientos de las profesiones y a la vertiginosa evolución de las prácticas profesionales; ofrece, por otra parte, una herramienta imprescindible para el efectivo ejercicio de otro derecho no menos relevante, también recogido en el EBEP, el derecho “ a la progresión en la carrera profesional y promoción interna”; y , por último, contribuye decisivamente a preservar en el tiempo la necesaria motivación de los trabajadores.
Pero, a la par, constituye uno de los pilares básicos de una Administración eficaz, eficiente, racional y moderna, capaz de superar con éxito las expectativas de unos servicios públicos de calidad. Para ello, es condición sine qua non disponer de unos empleados públicos altamente profesionalizados, en permanente actualización de sus competencias profesionales, atentos a las aceleradas mutaciones tecnológicas, organizativas y metodológicas de las profesiones, versátiles y ansiosos de optimizar su rendimiento. CSI-F, en nuestra doble condición de trabajadores y servidores públicos, conscientes de esta doble dimensión de la formación, derecho individual y necesidad institucional, concede a la mejora de la cualificación profesional una trascendencia decisiva en orden a dignificar el servicio y el empleado públicos. Nuestro decidido compromiso con la formación queda materializado en “nuestro” programa electoral en una serie de propuestas:
1. Garantizar una formación básica universal.
Se trata de, con carácter preceptivo y dentro de la jornada laboral, asegurar al trabajador ciertos conocimientos teóricos y prácticos que mejoren sus competencias profesionales:
- Inteligencia emocional
- Trabajo en equipo.
- Resolución de conflictos.
- Gestión de calidad.
- Idiomas.
- Informática.
- Trabajo eficiente.
- Etc.
2. Conectar la formación con los programas de promoción interna,
La carrera profesional, los planes de “segunda actividad” y una deseable y razonable formación multidisciplinar.
3. Mayor atención a la diversidad en los planes de formación.
En un doble sentido:
- Que todos los colectivos profesionales se sientan igualmente representados.
- Que se dirijan a los diferentes momentos de la carrera profesional.
4. Remover los obstáculos que impiden el acceso normal de ciertos colectivos a los planes de formación.
Con todo, CSI-F entiende que no será con actuaciones aisladas, fragmentarias, inconexas, como se lograrán los objetivos que la función pública viene reconociendo en sus altisonantes declaraciones, sino que todo pasa por una consideración sistémica de los servicios y recursos públicos, una consideración donde las políticas retributivas, los aspectos organizativos, la carrera profesional y la promoción interna, la evaluación del desempeño, y tantos otros aspectos, estén interconectados e imbuidos de una misma cultura, la cultura de lo público, basada en los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad, transparencia, objetividad y legalidad. Sólo así lograremos la tan necesitada revolución en la gestión pública.
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