Todos convenimos en que unos servicios públicos de calidad son la única garantía para el ejercicio efectivo de una serie de derechos reconocidos formalmente en nuestra Constitución: el derecho a la educación, al trabajo, a la protección de la familia y de la infancia, al acceso a la cultura, a un medio ambiente adecuado, a la protección de la salud, a una vivienda digna, a la protección de la Tercera edad y de las personas discapacitadas, entre otros. Sin embargo, so pretexto de la actual crisis económica y del creciente deterioro de las finanzas publicas, el gobierno ha perpetrado el mayor recorte de derechos sociales desde la implantación de la democracia: suspende la revalorización de las pensiones públicas para el año 2011, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas; deja sin efecto la prestación por nacimiento o adopción de 2500 euros a partir del 1 de enero de 2011; suprime, para los nuevos solicitantes, la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud; reforma, con la complicidad de UGT y CCOO, el sistema de pensiones, eleva, de forma progresiva, de 65 a 67 años la edad de jubilación, aumenta de 35 a 37 años el periodo mínimo para cobrar el 100% de la pensión y eleva de 15 a 25 anos el periodo de cálculo. Todo ello, supondrá, según los cálculos más fiables, una reducción de alrededor del 30% de las futuras prestaciones. Reforma, también con la connivencia de las dos centrales amigas, el mercado laboral, introduciendo formas contractuales calificadas por ellos mismos hacía escasos días de “basura”, y favoreciendo la precariedad laboral.
Especialmente virulenta ha sido la agresión a los empleados públicos de este país. La reducción de la oferta pública de empleo, estableciendo una tasa de reposición sólo del 10% de las vacantes, y la reducción, con criterios de progresividad, de la masa salarial de los empleados públicos en un 5% en términos anuales a partir de junio de 2011, y su congelación para 2011, incumpliendo así los compromisos alcanzados en materia retributiva en el “Acuerdo Gobierno- Sindicatos para la función pública en el marco del diálogo social 2010-2011”, de 25 de septiembre de 2009, dibujan un escenario para la función pública desconocido desde los albores de la democracia. A ello se añade una perversa campaña de infamación que pretende inocular en el imaginario colectivo una imagen abyecta del empleado público: ociosidad, desidia, situación privilegiada, sobre número.
CSI-F entiende que hoy más que nunca, en esta situación de inusitado y extremo deterioro de los estándares de bienestar social, con casi el 25% de paro, con más del 40% de paro juvenil, con 1.300.000 familias sin ningún tipo de cobertura económica, con un elevado endeudamiento familiar, con la inminente subida del IPC, se impone una cerrada defensa de los fundamentos del Estado social. Defensa que ha de materializarse en primer lugar en la protección de aquellos que tienen a su cargo la prestación de unos servicios públicos de calidad: los empleados públicos, sus empleos, sus salarios y el poder adquisitivo de los mismos. En este sentido, CSI-F capitaneó la jornada de huelga del día 8 de junio de 2010 contra el recorte de los salarios del personal al servicio de las administraciones públicas; ha interpuesto sendos recursos ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional contra dicho recorte, y ha enviado un escrito al Defensor del Pueblo para que interponga recurso de inconstitucionalidad.
En adelante, lucharemos por:
- Una gestión eficaz, eficiente y responsable de los recursos públicos.
- Preservar el empleo y los servicio públicos
- Promover proyectos e iniciativas que impulsen la creación de empleo.
- Favorecer fórmulas de estabilidad en el empleo, limitando la temporalidad.
- Favorecer, frente a su privatización, la gestión pública de los servicios.
- Reclamar el cumplimiento de la legalidad vigente y de los acuerdos alcanzados.
- Defender los salarios y el mantenimiento de su poder adquisitivo.
- Dignificar la figura del empleado público. Para ello, entre otras medidas, propondremos el reconocimiento del 3 de marzo como “Día del Empleado Público”.
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